Por: Leopoldo Luis

La indagación sobre las circunstancias de la conexión a Internet en Cuba constituye, sin lugar a dudas, una temática candente y a la vez necesaria. De una parte se continúa escuchando el ya tradicional argumento por parte de las autoridades: la insuficiencia tecnológica —resultado en primer término del embargo norteamericano— y el consiguiente encarecimiento del servicio, condicionan su destino, casi en exclusividad, a los centros de investigación, docentes, así como a los profesionales de la prensa y otras ramas que, por las características de su labor, precisan del acceso a la red.

De otra parte se oye —en igual medida inamovible— el reclamo de quienes, dentro y fuera de la Isla, sostienen que la precariedad de nuestra conexión responde únicamente a una decisión gubernativa, que nada tiene que ver con la tecnología disponible y que obedece a obsoletos criterios de selectividad en lo tocante al tipo de información que debe o no consumir la gente.

La situación se eterniza en el tiempo, mientras varias instituciones del patio (no solo la cadena de Joven Clubes a lo largo y ancho de la geografía nacional), ofertan cursos de informática básica, navegación, diseño e implementación de páginas web, en su inmensa mayoría sin costo monetario para los estudiantes. Paralelamente, la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba ofrece a sus allegados un servicio similar, actitud denunciada como injerencista por el gobierno insular, considerando que pretende “proveer entrenamiento e impartir cursos a personas, con el objetivo de que actúen contra los intereses del Estado cubano”. En lo que esto ocurre el grueso de la ciudadanía permanece desconectado.

Al respecto me gustaría narrar un par de anécdotas. La primera tiene que ver con un amigo que hasta hace poco ejercía como almacenero en un restaurante estatal y recién se ha decantado por el cuentapropismo, inaugurando su propio negocio (un “paladar” que pretende ir mejorando en la medida que sus ingresos lo avalen). Este amigo —doy por entendida la razón de su solvencia económica— suele agenciarse un respetable número de horas de conexión al mes, mediante su pago en moneda convertible. Sin cuestionar el status de legalidad de los proveedores (no es mi objetivo), se trata de una opción en modo alguno rara y numerosas son las personas naturales que acuden con regularidad a la misma.

La segunda anécdota gira en torno a otro amigo, esta vez no almacenero sino especialista en Medicina General Integral, quien durante años se benefició gratuitamente con los servicios de mensajería electrónica y acceso a la Intranet nacional que proporciona Infomed. Para desgracia suya, hace muy poco violó el Código de Ética que suscribió como usuario de la citada red informática. Su violación puede resumirse así: utilizando el correo pactó con un tercero el envío a su buzón de noticias relacionadas con la compraventa de artículos en el sitio de clasificados Revolico. Dura lex, sed lex. A mi amigo le cerraron la cuenta.

En cuanto al cable submarino que incrementaría en miles de veces los estándares de conectividad en la Isla, poco habría que añadir. Entre la población circulan rumores de índole diversa y contradictoria. Para algunos el mencionado cable está instalado y operando en debida forma desde hace meses; para otros se frustró el proyecto debido a la deficiente calidad de los materiales empleados, estafa en la que estarían involucrados funcionarios de distinto rango dentro del Ministerio de las Comunicaciones. No falta quien, echando mano a los cánones del clásico choteo cubano, asegure que el mítico cordón subacuático sucumbió comido por los peces, que debieron encontrar apetecible alguna sustancia utilizada para su fabricación.

A estas alturas, el daño mayor no puede cuantificarse ni siquiera en los millones presuntamente malversados o en los incontables programas de capacitación subvencionados por el Estado para que los jóvenes (y no tan jóvenes) puedan adquirir la instrucción elemental que debería abrirles las puertas del complejo universo ciberespacial, algo que difícilmente se concreta de cara a una realidad anclada en el paleolítico digital.

Es que el verdadero perjuicio no se ocasiona al individuo sino a la sociedad. Al ciudadano del siglo XXI le resulta naturalmente imposible permanecer al margen, en los albores de una era abocada al desenfreno de la globalización. Si alguien hoy no puede asumir su conexión a la Gran Red como un fenómeno cotidiano, la enfocará sin lugar a dudas con el prisma de lo prohibido (y por la misma razón mucho más deseable). Hace apenas unos días, con motivo de mi participación en un evento relacionado con la promoción literaria en la web, un directivo del Ministerio de Cultura expresaba: “Cada vez que un cubano se conecta por primera vez entra a los mismos sitios, puede seguirse su traza en cualquier servidor del país. Primero visita Facebook, luego El Miami Herald”.

El hecho me parece sintomático y su explicación, contrario a lo que pudiera creerse, se me antoja bien simple. Se trata de la espontánea reacción de un sujeto bombardeado todo el tiempo desde posiciones extremas, en abierta refutación al discurso de los medios que abogan por una sociedad abierta, diversificada e inclusiva desde el punto de vista cultural, sexual o religioso, pero nunca político. El cubano que se conecta, entonces, solo intenta rellenar un vacío ancestral: conocer de primera mano lo qué dice “el otro”.

Por demás, la represión a tal conducta termina indefectiblemente por agudizar el fenómeno. La libertad de elección es el único camino. Cuando se invierte recursos con la prodigalidad que esta nación lo ha hecho en la conformación de un ser humano culto, integral y apto para enfrentar el reto de la humanidad futura —el llamado “capital humano”—, solo cabe esperar que ese “capital” se supere a sí mismo y nunca involucione para terminar moviéndose en sentido inverso. Si así ocurriera, no significaría que todo está perdido sino que, incluso, estuvo perdido de antemano.

Foto: Silvia Corbelle